30M. El día después

Hace pocos minutos que ha terminado la jornada de huelga convocada por los sindicatos para protestar por la llamada “Reforma Laboral”. Vaya por delante que sí que he participado en esta convocatoria y que sí que compartía la mayoría de argumentos a favor de la Huelga General. Pero, ¿era el momento de hacer una huelga general? La respuesta es clara, no.

Esta huelga llega con más de 4 años de retraso y, precisamente por esto, era más necesaria que nunca. ¿Era el momento?, no, ¿era necesaria?, sí. ¿Incongruente?, de ninguna manera. Voy a tratar de explicarme.

En el año 2008, hace tan solo cuatro años, los índices de desempleo se balanceaban entre el 6 y el 7%. Técnicamente se rozaba el pleno empleo y la economía interior del país parecía una locomotora a pleno rendimiento. Las leyes laborales de entonces no eran un problema para la creación de empleo, los salarios aumentaban algunas décimas por encima del IPC, y los ingresos del estado, vía tasas e impuestos, mantenían un perfecto equilibrio respecto a los gastos del Estado. Tanto es así que parte de estos ingresos se destinaban a “devolver” a la sociedad en forma de aumento de las pensiones por encima de lo acordado en el Pacto de Toledo (recuperando el poder adquisitivo que anteriormente se había perdido), o ayudas al alquiler para jóvenes o, recordemos, el pago del conocido como “cheque-bebé”. El Estado aprovechaba su posición para trasladar a los sectores más necesitados lo que recibía de aquellos otros sectores que llevaban su producción a cotas insospechadas. Quizás este es el gran error de Zapatero (entre otros), no haber sabido ver a tiempo que el que se convirtió en principal motor de la economía española, el ladrillo, tenía las horas contadas.

El Gobierno de Zapatero, con algunas voces en contra, decidió emprender el camino de las políticas socialdemócratas qué habían triunfado en el siglo XX. Entendió que la sociedad necesitaba del estímulo necesario para encaminar el Estado hacia las primeras posiciones en el ranking socioeconómico en Europa y apostó por trasladar la responsabilidad del crecimiento hacia los principales actores del mismo: el sector empresarial.

Por aquel entonces el desempleo era poco menos que simbólico, el rendimiento empresarial estaba por encima de los índices europeos, en la UE se hablaba del milagro español y la ciudadanía mantenía un estatus social y económico cómo quizás no se había conocido antes. Tan solo una cosa fallaba y pocos la supieron (quisieron) ver: la productividad. España no producía nada. Nunca ha sido un país productor, al contrario, y esta oportunidad que tuvimos de dirigir la “bonanza económica” hacia otros sectores la despreciamos por completo. El Estado, siguiendo la senda de mundo empresarial, aceptó como buena – y única – la política económica/empresarial de un país con dos fuentes de ingresos: el ladrillo (interna) y el turismo (externa). España se convirtió en un país de sol y cemento.

El Estado se contagió de la euforia empresarial y cometió otro de los errores que ahora estamos pagando: destinar una gran parte de los ingresos que recibía a las grandes obras públicas que hoy se han demostrado innecesarias y, en algunos casos, grotescas. No las voy a nombrar, están en la mente de todos, pero sí que voy a decir que la responsabilidad de este error habría que compartirla entre muchos otros. Solo hay que ver como en cualquier ciudad, en cualquier pueblo, se construía cualquier tipo de equipamiento, obra civil, carretera, ferrocarril o aeropuerto. Todos, yo el primero, reclamábamos tener lo mismo que cualquier otro ciudadano y nadie nos supo decir que hay “cosas” que ni se pueden hacer ni nos la podemos permitir. Dicho esto, recordemos que en aquel entonces cualquier Alcalde de cualquier pueblo/ciudad reclamaba su acceso a la Alta Velocidad ferroviaria, su polígono industrial, su centro comercial, sus carreteras, autopistas y hasta su aeropuerto. Lo peor no era esto, lo peor fue decir sí a todo. Ahora nos encontramos con líneas de AV con una ínfima ocupación, polígonos industriales sin industrias, centros comerciales que se han convertido en lugares de paseo dominicales, autopistas y carreteras con unos costes de mantenimiento desorbitados y aeropuertos con un ridículo número de operaciones. O, como en el caso de Castellón, sin ningún tipo de actividad.

Esta era la España que existía hace tan solo 4 años. Es tan solo un resumen, seguro que me dejo muchas más cosas, pero creo que es suficiente para que recordemos dónde estábamos y de dónde venimos.

A finales de 2008 y principios de 2009 la crisis mundial provocada, no lo olvidemos, por el sector financiero estadounidense y por la codicia y la voracidad de unos mercados europeos a la caza de cualquier país en dificultades alcanzó de pleno la maltrecha economía española. De la misma forma que la gacela se ve sorprendida por el guepardo, España no tuvo tiempo ni margen para reaccionar. Zapatero había intentado disimular la salvaje crisis en la que ya estábamos inmersos y su manera de afrontarla fue, acertadamente o no, salvaguardando lo único que los ciudadanos no podíamos permitirnos renunciar: el estado de bienestar por lo que tanto se había luchado.

Ya se sabía entonces que España caía en un pozo con muy pocas posibilidades de salir a corto y medio plazo, pero había que “proteger” al ciudadano. Seguramente era la opción menos mala, pero si no se hubiera mantenido estable algunos de los pilares de la sociedad, nos hubiéramos hundido todos en aquel pozo y hoy estaríamos hablando en otros términos mucho más dramáticos. Esta apuesta le costó a Zapatero una guerra contra los mercados, la banca nacional y los países que dominan la descalabrada UE, Alemania y Francia. Zapatero perdió la batalla, todos perdimos la batalla, pero aún confío en no haber perdido la guerra.

Así llegamos a 2010. Los especuladores que habían ido acumulando deuda soberana, con los grandes bancos alemanes al frente, solicitaban grandes intereses para poder seguir comprando deuda y que el Estado tuviera financiación suficiente para mantener intactos los derechos ciudadanos. Tal fue la presión que la UE, liderada por Merkel, exigió al gobierno de Zapatero que emprendiera reformas tanto financieras como laborales para conseguir, por un lado reestructurar todo el mercado financiero español compuesto por decenas de bancos y cajas de ahorro sin capacidad financiera y por otro flexibilizar las relaciones laborales consiguiendo con esto una mayor movilidad del mercado laboral. La primera fue un rotundo fracaso y el Estado – y la UE – se vieron abocados a inyectar fondos procedentes de erario público para evitar una caída en cadena de las entidades afectadas y la segunda, que tuvo su respuesta en la calle mediante la convocatoria de la Huelga General del 29S, no hizo más que provocar un aumento de los despidos, un crecimiento del 28% de los ERE’s y un incremento del número de desempleados llegando hasta el 18%. 4.000.000 de parados. Cifra esta, qué al igual que la actual, hay que tomarla siempre con cautela.

Zapatero se vio obligado a adelantar las elecciones a Noviembre de 2011. Tras un batacazo electoral sin precedente, el gobierno de la nación pasó a manos de los conservadores de Mariano Rajoy. La herencia recibida, sí, hay que reconocerlo así, fue vergonzosa. Pero esta herencia fue responsabilidad de todos los grupos parlamentarios. A cada reforma que Zapatero presentaba, el PP respondía con el mayor de los menosprecios y sin presentar alternativa alguna. Esta forma de oposición también es corresponsable de la situación actual. A principios de 2010, esto es una simple anécdota, tuve la oportunidad de hablar con un Diputado del PSC. Viendo el cariz que tomaba las intervenciones en el Congreso le hice una proposición: “Dile a Zapatero que cuando suba al estrado le diga a Rajoy  “Sr. Rajoy, haga usted una propuesta y yo ordenaré a mi grupo que la vote, la apoye y la apruebe”. De esta manera, o se verá obligado a presentar alguna propuesta o se quedará retratado ante la sociedad”, mi amigo reía. Días después me confirmó que había trasladado aquella descabellada idea al Grupo Socialista y que la habían recibido con atención. No hubo tal propuesta, y a día de hoy aún pienso que aquello hubiera servido para conocer, al menos, por donde iba el PP a dirigir sus dardos. Era la época en que el PP tenía todas las recetas milagrosas para sacarnos de la crisis y como argumento sólido presentaban aquello de “Yo haré las cosas como Dios manda”

Volvamos al 2011. El triunfo del PP fue incontestable. No había margen para la negociación ni habría posibilidades de pactar todo aquello que fuera de “interés general”, frase muy recurrente cuando no se tiene ni idea de hacia dónde ir o hacia dónde mirar. Durante la toma de posesión de Rajoy, en lo referente a los trabajadores, tan solo solicitó a los Sindicatos y a la patronal que llegaran a un acuerdo en los próximos días o “legislaría” él. Fue un claro aviso a ambas partes que ya estaban inmersas en un proceso de negociación y habían alcanzado algunos pactos en materia como la negociación colectiva, la formación o en políticas activas para disminuir el absentismo. A mediados de enero de este año, de forma unilateral y premeditada, la patronal rompió toda negociación a sabiendas de que el PP haría la reforma mucho más regresiva y agresiva que la que ellos mismos estaban acordando. Fue una puñalada al diálogo social y una jugada maestra en defensa de sus únicos intereses.

El PP de Rajoy lo tenía en bandeja. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se erigió en protagonista absoluta del texto de la reforma laboral. La misma que menos de un año antes acusaba a Zapatero de “cargarse el diálogo social” o  que teatralizaba aquello del “partido de los trabajadores” con afirmaciones como “España no necesita abaratar el despido” o “Lo que hay que fomentar es la contratación y no facilitar el despido de los trabajadores” (véase una muestra aquí) ponía sobre la mesa del Consejo de Ministros una reforma que significaba la aniquilación del Estatuto de los Trabajadores, un atentado contra la clase trabajadora y, de manera sutil sentenciaba al ostracismo a los más de cinco millones de parados y los que vendrían después.

La Reforma del PP encarna la regresión más absoluta. Elimina por completo el valor – y la letra – de los contratos de trabajo dando el poder absoluto al empresario de modificar cualquier cosa que estuviese allí reflejada. Sin ningún tipo de autorización ni control, ya sea de la propia autoridad laboral o de los Juzgados de lo Social, el empresario podrá modificar las jornadas, el horario, el lugar de trabajo, o el salario del trabajador. Por tanto, una de las cualidades de los contratos, el cumplimiento por ambas partes, queda reducido a la nada. Hoy, son totalmente irrelevantes las condiciones contractuales. Estas se podrán modificar a criterio del empleador.

La indemnización máxima por despido se baja de los 33 días de la Reforma de Zapatero (antes 45) a los 20 días de la actual. Con esto, dicen, pretenden igualar la norma a las existentes en otros países de nuestro entorno como Alemania, Francia, Bélgica o Luxemburgo. Pero obvian que en estos países el salario mínimo duplica y hasta triplica el del Estado español. Ergo, no es equiparable una misma indemnización cuando los salarios son netamente inferiores. Pongamos un ejemplo. Un mismo trabajador que cobra el salario mínimo en Francia, Bélgica y España y lleva 3 años en la empresa. Lo despiden con una indemnización de 20 días y el resultado sería este: España 2.244€, Francia 4.194€ y Bélgica 4.332€, prácticamente el doble (datos aquí). A todo esto hay que considerar las cantidades a percibir por desempleo que, obviamente, son muy superiores a las de España, y en algunos casos, una protección social muy por encima de las que hayamos conocido hasta ahora.

Otro de los puntos conflictivos de la reforma es el de las faltas de asistencia al trabajo. La idea, dicen, es luchar contra el absentismo laboral (aquí añado que los sindicatos siempre estaremos de acuerdo en luchar contra esto y evitar los abusos que todos sabemos que existen) pero este absentismo queda tan difuminado que al final lo que dice la letra es que cualquier trabajador que falte un 20% de jornadas al mes durante dos meses consecutivos, es decir, 9 días en dos meses, podrá ser despedido. Por muy justificadas que sean esas ausencias, como por ejemplo una baja médica. Estos días ha circulado por la red la carta de despido de una trabajadora de El Corte Inglés por haber tenido 17 días de baja laboral en dos meses (véase aquí). Una simple gripe te puede llevar a la calle. No me quiero reprimir de decir que con esta modificación podrán conseguir otro de “sus” objetivos, reducir las listas de espera en los centros médicos ya que los trabajadores tendremos miedo de ir al médico por si este considerara darnos una baja laboral. ¿Dramático?, ¿irónico?, seguro que sí. Pero real.

Esto es tan solo una muestra de lo que se nos viene encima. Son los puntos más fáciles de comprender para aquellos que aún duda de lo regresivo de esta Reforma y seguramente serán los más conflictivos a la hora de establecer una relaciones laborales conjuntas que nos lleven a retomar la senda del sentido común.

Comenzaba hablando de la huelga general del 29M. Muchos que habéis empezado a leer este post seguramente no llegarán hasta aquí y los que habéis tenido la paciencia de llegar estaréis pensando que aún no he “justificado” los motivos que me han llevado a apoyar y participar en ella. Veamos si soy capaz.

Los que me conocéis ya sabéis quién soy. Tengo un trabajo “fijo” (espero…), un salario superior a la media nacional, una antigüedad en mi empresa de casi 27 años y en toda mi vida laboral ya llevo cotizados 31 años. Me quedan aún unos cuantos para jubilarme, pero casi que puedo decir que ya tengo mi pensión asegurada.

Ahora bien, mañana cuando me levante quiero seguir mirando a los ojos a mi hijo. Y pasado. Y dentro de unos años a mis nietos.

Lo que yo “tengo” no me lo han regalado. Las luchas obreras de los años 70 y 80, sí, para alguno de vosotros la de vuestros padres y, seguramente abuelos, dieron un paso adelante en la defensa de derechos de los trabajadores. Las reducciones de jornada, la edad mínima para trabajar, el acceso de la mujer al mundo laboral, la protección social, las leyes de prevención de riesgos, de protección durante el embarazo y la maternidad. O más recientemente, las leyes de conciliación laboral y familiar, los derechos de los padres durante la paternidad, la lucha (aún no acabada) por la igualdad salarial y otras muchas tantas normas y leyes que se empezaron ganando primero en la calle y después en los parlamentos. Todo esto lo hemos conseguido entre todos y para llegar al final ha sido necesario el trabajo, la constancia y la dedicación de esos sindicatos que tanto “molestan” ahora. ¡Qué poca memoria tenemos!

Me sorprende que algún sector de la sociedad se piense que los “derechos y deberes” que tiene sean fruto de algún tipo de generación espontánea y me sorprende que no haya entendido que “alguien” tuvo que partirse la cara en la calle para que hoy, aquellos mismos, tenga la libertad de expresarse, de participar, de opinar… o de criticar la labor sindical.

Aún así, mantengo intacto mi compromiso y me mantengo fiel a mis ideas. Con los errores que haya podido cometer y con los aciertos que seguramente habrá alguno. Pero, con la conciencia limpia de pensar que he dado lo que tenía en cada momento por la lucha obrera, por la libertad de las personas y por los derechos sociales colectivos. Sin enfrentarme a nadie y sin insultar a nadie. Con la palabra y con las ideas.

 

La convocatoria del 29M tiene un fin pero no tiene un final. El fin es restablecer las relaciones laborales a su punto de origen, dejar que sean los agentes sociales los que lleguen a un acuerdo que no signifique ningún retroceso ni en derechos ni en obligaciones, y, sobre todo, edificar un proyecto colectivo y común que permita el acceso al trabajo a los más de cinco millones de desempleados y que estos puedan recuperar sus vidas. El fin es, en definitiva, obligar a que el gobierno de Rajoy no secuestre a los trabajadores para entregarlos como moneda de cambio a los mercados, y el fin es cambiar esta reforma regresiva por una que avance hacia el futuro, hacia adelante.

Pero no tiene un final. La reforma aumentará el paro, disminuirá los salarios, forzará la contención del gasto, el consumo se verá afectado, las ventas caerán, la poca producción interna se verá seriamente entorpecida  y los mismos empresarios que hoy jalean al gobierno se verán obligados a reclamar nuevas reformas para recuperar parte de lo perdido.

Se convertirá en un bucle sin fin y, cuando ya sea tarde, todos nos daremos cuenta de que el camino a seguir no era este, sino el contrario.

 

Acabo con dos cosas. Gracias a los que hoy han estado en la calle luchando por los derechos de todos y también a quienes han optado por ejercer su libertad al trabajo. Ellos también se beneficiarán de la lucha de unos pocos. Y por último, quiero manifestar mi repulsa y mi condena por los actos violentos provocados por un colectivo que solo se representan a ellos mismos. Ni forman parte de la sociedad ni quieren integrarse en ella. Entre todos debemos ser capaces de aislarlos y evitar que utilicen la legítima y pacífica lucha obrera para hacer volar por los aires el trabajo de semanas de gente honrada y trabajadora.

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